El punto de partida: por qué esto era inevitable
El 20 de julio, a tres semanas de entregar el poder, el gobierno Petro radicó su quinto proyecto de reforma tributaria. Buscaba $21,9 billones en 2027. El gobierno entrante lo rechazó de entrada y pidió que el Congreso lo archivara. En el nuevo Presupuesto 2027 ni siquiera contemplaron esos ingresos.
Y sin embargo, la reforma volvió. ¿Por qué?
Porque las cuentas no dan. Cuando el nuevo Ministerio de Hacienda hizo el “sinceramiento” del presupuesto, aparecieron alrededor de 3 puntos del PIB de gasto que no estaban contabilizados. El déficit fiscal, que el gobierno anterior calculaba en 4,5 % y los analistas en 7 %, resultó siendo cercano al 9,4 %.
El Presupuesto General de la Nación para 2027 pasó de $575,6 billones a $635 billones. Eso deja un faltante adicional de unos $60 billones que hay que financiar de alguna parte.
Súmele el costo de la deuda. El pago de intereses ya supera el 75 % de toda la inversión pública del país. Y la regla fiscal está suspendida desde que se activó la cláusula de escape, que vence en 2028.
Traducción: recortar gasto es necesario pero no alcanza. Y todo el mundo en Hacienda lo sabe.
El problema de nombre
El nuevo gobierno hizo campaña prometiendo no subir la carga tributaria. Por eso al proyecto que viene lo están llamando “ley fiscal” o “ley de rescate económico”. El ministro Miguel Gómez Martínez ha insistido en que no es una reforma tributaria.
Los expertos no le creen. Cuatro voces que rara vez coinciden —Anif, el CARF, un exgerente del Banco de la República y un exdirector de la DIAN— dicen básicamente lo mismo: sin tocar impuestos, no salen las cuentas.
Así que el debate real no es si habrá cambios tributarios, sino cuáles.
Lo que ya se destapó del proyecto que viene
Estas son las medidas que el gobierno ha ido soltando en declaraciones públicas. No hay articulado todavía, así que léalas como señales de dirección, no como texto de ley:
Simplificación radical. La idea grande es que la DIAN pase de administrar unos 15 tributos nacionales a concentrarse en tres: renta, IVA e IVA externo. El ministro ha sido explícito con el impuesto de timbre, al que llamó un vestigio de la Colonia, y con el absurdo de que una empresa pague por anticipado el timbre de un contrato a veinte años.
Lo que se eliminaría:
- El 4×1000
- Los impuestos saludables
- El subsidio de energía al estrato 3
- Tributos menores considerados obsoletos
Lo que se crearía o subiría:
- IVA del 19 % a juegos de suerte y azar en línea
- IVA más alto a algunos licores
- IVA a compras en plataformas digitales tipo Shein, Temu o Amazon
- Ampliación de la base del impuesto de renta: más gente declarando y pagando
- Modificación de los aportes al SENA y al ICBF
Por el lado del gasto, el ajuste ya arrancó: un recorte anunciado de $21,9 billones, eliminación de unos 45.000 cargos, cierre de 14 embajadas y 15 consulados, y recorte de contratos de prestación de servicios.
Las especulaciones que están sobre la mesa
Aquí es donde vale la pena poner atención, porque estas ideas vienen de la gente que asesora o presiona al Ministerio.
Cobrar lo que ya se debe. Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, plantea que el principio no debería ser cobrarle más al que ya cumple, sino recuperar la cartera existente: más de $62 billones en obligaciones causadas y no cobradas. Propone un incentivo de pago —bajar sanciones e intereses para recuperar capital— y advierte que buena parte de esa cartera puede estar prescrita o en litigio, por lo que primero haría falta una auditoría nacional.
Declaraciones prellenadas. La misma línea propone usar los datos de factura electrónica para generar declaraciones automáticas en el régimen simple, al estilo del impuesto predial: el contribuyente revisa, corrige y paga. Menos trámite, menos error, más recaudo.
Quitar deducciones respaldadas en efectivo. Anif propone limitar las deducciones de costos pagados en efectivo. Es una medida proformalización que genera ingreso rápido y que golpearía directo a negocios que operan por fuera del sistema bancario.
El IVA como fuente real. Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República, es el más incómodo: dice que ahí están los recursos y que no tiene sentido mantener tarifas preferenciales del 5 % en alimentos y medicamentos para estratos 5 y 6, que deberían pagar 19 %. También sostiene que Colombia es atípica en cuántas pocas personas pagan renta, y que eso tiene que cambiar.
Emergencia tributaria y FMI. El mismo Echavarría plantea acudir al Fondo Monetario Internacional por apoyo técnico y credibilidad ante los mercados.
Modificar la regla fiscal. El presidente del CARF, Juan Carlos Ramírez, advierte que si la regla resulta imposible de cumplir cuando venza la cláusula de escape en 2028, tocará modificarla.
¿A quién le pega?
Personas naturales de ingresos medios y medios-altos. Este es el grupo que más debería estar pendiente. “Ampliar la base” significa que umbrales que hoy lo dejan a usted por fuera de declarar o de pagar se van a mover hacia abajo. Gente que nunca ha pagado renta puede empezar a pagarla.
Independientes y negocios que manejan efectivo. Si le quitan la deducción a costos pagados en efectivo, su renta líquida sube sin que su ingreso real haya cambiado. Este es probablemente el cambio más subestimado del paquete.
Empresas con nómina. Tocar SENA e ICBF cambia la estructura de costo laboral. Puede ser alivio o carga según cómo quede el articulado.
Empresas con contratos de largo plazo. Si cae el impuesto de timbre, hay un alivio de caja inmediato y real.
Todo el que ahorra o mueve plata. Eliminar el 4×1000 es la medida más popular del paquete y la que más le cuesta al fisco. Ojo: si desaparece, ese hueco lo tienen que tapar en otro lado.
Consumidores. Licores, apuestas en línea y compras en plataformas internacionales quedarían más caros. El gobierno ha dicho que no tocará la canasta familiar, pero la propuesta de Echavarría sobre alimentos y medicamentos muestra que la discusión está viva.
Estrato 3. Perder el subsidio de energía es un golpe directo al gasto mensual de hogares que no se consideran a sí mismos objetivo de una reforma tributaria.
Sector financiero y capital extranjero. Sobretasas, dividendos y tributación de plataformas digitales extranjeras siguen en el radar en cualquiera de los dos escenarios.
Los tres escenarios reales
- La ley fiscal se radica y pasa recortada. Es lo más probable. Un Congreso que arrancó el debate del presupuesto con pelea no va a aprobar un paquete completo. Espere una versión diluida.
- No se radica en septiembre y se corre. También posible. El gobierno sigue en discusiones internas y el costo político de destapar impuestos en el primer semestre de mandato es alto.
- Se va por vía administrativa. Buena parte de lo que quiere Hacienda —gestión de cartera, fiscalización con datos, modernización de la DIAN, recorte de gasto— no necesita ley. Ese camino ya arrancó.
En los tres escenarios, la fiscalización aprieta. Eso no depende del Congreso.
Qué hacer ahora, sin esperar el texto
No se puede planear sobre un proyecto que no existe. Pero sí se puede blindar lo que ya está expuesto:
- Revise su soporte documental. El endurecimiento de deducciones y la fiscalización con cruces de factura electrónica, PILA e información exógena ya está en marcha. Un costo sin soporte es un costo que va a perder.
- Bancarice lo que pueda. Si su operación depende de pagos en efectivo, ese modelo tiene fecha de vencimiento tributaria.
- Proyecte dos escenarios de renta 2027. Uno con las reglas actuales y otro con base ampliada. La diferencia le dice cuánto flujo de caja tiene en riesgo.
- Si tiene cartera con la DIAN, prepárese. Si sale un incentivo de pago con reducción de sanciones e intereses, la ventana va a ser corta y quien llegue con las cuentas listas la aprovecha.
- No tome decisiones patrimoniales grandes a ciegas. Ventas de inmuebles, distribución de dividendos o reorganizaciones societarias tienen tratamiento distinto según cómo quede el articulado.
En resumen
El déficit real es mucho más grande de lo que se creía. El presupuesto de 2027 quedó con un hueco de $60 billones. La regla fiscal está suspendida y la deuda se está comiendo la inversión pública.
Con ese punto de partida, el gobierno puede llamarlo como quiera —ley fiscal, rescate económico, ajuste—, pero en algún momento va a tocar impuestos. La pregunta no es si viene, sino a quién le llega primero.
La ventaja de anticiparse es que la planeación tributaria hecha con tiempo es legal, barata y efectiva. Hecha en marzo, cuando ya salió la ley, es un ejercicio de daños.
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Fuentes consultadas
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público — radicación del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria, julio 2026
- Semana — La ley fiscal que nadie quiere llamar reforma tributaria (4 de septiembre de 2026)
- El Nuevo Siglo — Gobierno entrante eliminará 4×1000, IVA, renta, energía y subsidios con tributaria (6 de agosto de 2026)
- El Espectador, El Colombiano, La República e Infobae — declaraciones del ministro Miguel Gómez Martínez, julio de 2026
- PwC Colombia — análisis del Proyecto de Ley 004 de 2026
Este contenido es informativo y no constituye asesoría tributaria o legal. Las medidas descritas son propuestas y declaraciones públicas, no normas vigentes.